El Impuesto al Valor Agregado

Uno de los principales cambios que vino a introducir la Ley para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (en adelante “Ley”) aprobada el 03 de diciembre del año 2018, es la incorporación del Impuesto al Valor Agregado (en adelante “IVA”), por lo que resulta importante tomar en consideración los principales cambios que se establecen en el ordenamiento jurídico.

El IVA tiene un impacto tanto para los actuales contribuyentes del Impuesto General Sobre Ventas, como para todos los demás agentes económicos, debido a que consiste en un impuesto sobre el valor agregado en la venta de bienes y en la prestación de servicios, independientemente del medio por el que sean brindados. Por tal motivo, los nuevos contribuyentes de este tributo deberán inscribirse antes del primero (01) de julio del 2019, porque de lo contrario se expondrán a una sanción equivalente al 50 % de un salario base (¢223,100.00) por cada mes o fracción de mes sin inscribirse, multa que no podrá superar el monto de tres salarios base (¢1,338,600.00). Además, deberá cancelar el IVA dejado de pagar con los intereses moratorios correspondientes.

Los sujetos pasivos del IVA que actualmente se encuentren inscritos como contribuyentes o declarantes en el Impuesto sobre las Ventas, no requerirán inscribirse nuevamente y se entenderá que las operaciones que en adelante realicen estarán gravadas con el IVA. En todo caso, se les recomienda a las empresas de servicios comunicarse asertivamente con sus clientes, ya que estos últimos podrían percibir inicialmente un aumento considerable en los precios de sus servicios.

Algunos ejemplos de transacciones sujetas al IVA son los siguientes: (i) pago de honorarios profesionales, (ii) pago de alquiler de oficina, (iii) pago de royalties al exterior, (iv) compra de equipo de oficina y (v) arrendamientos de vivienda en los cuales el monto de la renta mensual sea superior a 1,5 salarios base (aproximadamente ¢646,500.00 mensuales).

Por otra parte, es importante tomar en cuenta que la tarifa del impuesto es del 13%. No obstante, la Ley estipula tarifas diferenciadas al 4% para salud y tiquetes aéreos, 2% para medicamentos y seguros personales y 1% para los productos de la canasta básica.  En el caso de la educación privada, preescolar, primaria, secundaria, universitaria, parauniversitaria y técnica, se estipula una exención IVA; sin embargo, los servicios de educación que quedaron fuera de esta definición enfrentará un tributo del 2%. Por ejemplo, los cursos de idiomas, clases de deportes, clubes privados y tutorías, entre otros, estarán gravados con un 2%. Es importante que cada contribuyente consulte con sus asesores o con el Ministerio de Hacienda, las condiciones que le aplicarían con respecto al IVA.

Asimismo, la determinación final del pago del IVA al cierre del período mensual consistirá en el total de débitos fiscales (el IVA que le carga un contribuyente a sus clientes) menos el total de los créditos fiscales (el derecho de devolución del IVA pagado).

Esto quiere decir que cuando el monto cobrado a un cliente por concepto de IVA sea mayor que la suma de dicho tributo que se pagó al comprar el insumo para el producto que se vende, la diferencia constituye un saldo del impuesto a favor del contribuyente, quien podrá acreditar a su favor esa diferencia en las declaraciones tributarias siguientes a su generación. Lo anterior se ejemplifica claramente en el siguiente gráfico:

No obstante, al introducirse tarifas reducidas y/o no sujeciones, surge un inconveniente para algunos agentes económicos, a quienes no se les permitirá una acreditación total del IVA pagado. Tal es el caso de la industria de la construcción, debido a que la venta de casas, apartamentos o edificios no está afecta al IVA.  Por tal motivo, es el desarrollador inmobiliario quien finalmente consume servicios de ingeniería, arquitectura, transporte, entre otros, los cuales sí están gravado con un 13% de IVA.  Como consecuencia, no se podrá trasladar a los clientes el IVA pagado en la adquisición de servicios requeridos para la construcción ni tampoco será posible aplicar un crédito fiscal.  En virtud de lo anterior, el desarrollador deberá elegir entre (i) trasladar el impuesto vía costo con el fin de mantener su margen de ganancia, o (ii) reducir el mismo y no variar el precio.

Adicionalmente, en los últimos días se ha generado incertidumbre sobre el alcance del IVA en relación con las cuotas condominales. En resumen, en el oficio 194-2019 del 5 de febrero, la Dirección General de Tributación contesta a un contribuyente que los administradores de condominios deberán emitir facturas electrónicas por las cuotas condominales, en todos los casos en los que el propietario lucre con la filial. Se está haciendo una distinción entre supuestos donde no se lucre con la filial (por ejemplo: la casa de habitación) y casos en los que el dueño sí realice actividad económica; sin embargo, cancelar la cuota condominal no consiste en el pago por la prestación de un servicio. Por el contrario, se trata de un pago por adelantado, a manera de encargo, a un administrador para que pague ciertos gastos comunes. Este tema y varios otros aún están pendientes de aclaración por parte de las autoridades tributarias, de manera que los contribuyentes aún deben esperar a que publique el ansiado reglamento a la Ley.

Otro aspecto que debe considerarse es el plazo para llevar a cabo la liquidación de este impuesto. La Ley establece que, a más tardar el decimoquinto día natural de cada mes, el contribuyente debe presentar una declaración jurada de las ventas de bienes o prestación de servicios que corresponden al mes anterior. Adicionalmente, en el momento de presentación surge el deber de pagar el impuesto aplicable.

Les mantendremos informados sobre cualquier noticia que surja relativa a la implementación de esta Ley.

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