Asociaciones Solidaristas serán reguladas por la SUGEF

A partir de diciembre del 2020, dará inicio la supervisión efectiva de las cinco asociaciones solidaristas más grandes de Costa Rica, según los siguientes criterios de selección: (i) la participación y representatividad que poseen sus carteras de créditos sobre el sistema financiero nacional y (ii) el volumen de sus activos, para lo cual se determinó como umbral mínimo una cifra de ¢35.000 millones.

De acuerdo con el artículo 8 del Acta de la Sesión 1469-2018 del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero  (“CONASSIF”), celebrada el 18 de diciembre de 2018, deberán someterse a la fiscalización de la Superintendencia General de Entidades Financieras (“SUGEF”), las siguientes asociaciones solidaristas: (i) Asociación Solidarista de los Empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social (“ASECCSS”), (ii) Asociación Solidarista de Empleados del Banco Nacional de Costa Rica y Afines (“ASEBANACIO”), (iii) Asociación Solidarista de Empleados del Banco de Costa Rica y Afines (“ASOBANCOSTA”), (iv) Asociación Solidarista de Servidores Judiciales (“ASOSEJUD”) y (v) Asociación Solidarista de Empleados de Corporación de Supermercados Unidos SRL y Afines (“ASADEM”). Cabe destacar que esta última, por el momento, es la única asociación solidarista perteneciente al sector privado bajo la lupa del regulador.

A pesar de que la supervisión comenzará hasta finales del presente año, ya el artículo 117 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica vigente establece que las asociaciones solidaristas están sujetas a la fiscalización de la SUGEF. En esa misma norma, se incluyen los bancos públicos y privados, las empresas financieras no bancarias, las mutuales de ahorro y préstamo y las cooperativas de ahorro y crédito. No obstante lo anterior, no se habían materializado obligaciones para las asociaciones solidaristas, ya que estaban eximidas de la supervisión correspondiente por decisión del entonces Consejo Directivo de la SUGEF, actualmente CONASSIF, mediante el artículo 22 del acta de la sesión 19-96, del 27 de junio de 1996.

Hasta este punto, los lectores del presente artículo probablemente se pregunten por qué razón el regulador financiero va a fiscalizar este tipo de organizaciones. Para responder dicha interrogante vale la pena describir brevemente en qué consisten las asociaciones solidaristas y cuáles actividades económicas realizan algunas de ellas. Las asociaciones solidaristas nacen como gremios de trabajadores y patronos que voluntariamente toman la decisión de agruparse y contribuir o aportar una pequeña porción de su peculio, para formar un fondo administrado por la propia asociación solidarista, con el objetivo de que este a su vez genere rendimientos y ganancias para todos sus asociados.

A partir de las contribuciones obrero-patronales, el patrimonio generado en algunos casos se canaliza hacia inversión y otorgamiento de créditos, con el fin primordial de maximizar los beneficios para los asociados. Varias asociaciones solidaristas hoy en día manejan un volumen de cartera de créditos que supera en algunos casos los niveles de préstamos contabilizados por ciertos bancos. Asimismo, algunas de estas agrupaciones cuentan con sólidos portafolios de inversión y bases patrimoniales consolidadas, lo cual se refleja en el peso relevante que tienen en el sector financiero y en la economía costarricenses.

Como consecuencia de lo anterior, los procesos de supervisión de la SUGEF hacia las asociaciones solidaristas se dividirán en dos categorías. El nivel 1, de fiscalización, consiste en una supervisión total bajo el enfoque de supervisión basado en riesgos. Este enfoque utiliza el principio de proporcionalidad, el cual permite adecuar el alcance e intensidad de la supervisión de acuerdo con las características particulares y perfil de riesgo de cada entidad. Por otra parte, las entidades que se ubiquen en nivel 2 estarán exentas de la supervisión de la SUGEF; no obstante, estarán obligadas a cumplir con las disposiciones de reserva de liquidez en las condiciones que establezca el Banco Central de Costa Rica.

Sin duda alguna, el objetivo de esta regulación es mantener la confianza y estabilidad del sector, con el objetivo de que las asociaciones solidaristas cuenten con las herramientas necesarias para una gestión integral del riesgo.  Por otra parte, es muy probable que los cambios normativos aquí analizados conlleven que estas agrupaciones deban incurrir en gastos nuevos; sin embargo, a largo plazo, la meta es que se traduzcan en una administración efectiva y adecuada de los riesgos, siempre en aras de beneficiar a sus asociados, inversionistas y al sector financiero en general.

Como indicado, solamente cinco asociaciones solidaristas estarán sujetas a supervisión a partir de diciembre del 2020, debido a que superan el umbral establecido para tales efectos.  No obstante, también se presenta una valiosa oportunidad para organizaciones de menor tamaño que tengan previsto crecer en los próximos años, ya que la implementación de buenas prácticas de gobierno corporativo facilita la prevención, promueve la transparencia y permite una operación eficiente y controlada.

En virtud de lo anterior, en COLBS Estudio Legal recomendamos a los administradores de asociaciones solidaristas costarricenses que se asesoren adecuadamente sobre: (i) gestión integral del riesgo, (ii) cumplimiento y (iii) gobierno corporativo, con el fin de minimizar contingencias y evitar que las mismas produzcan pérdidas para los asociados.

 

Escrito por:

Antonio Bolaños Álvarez y Jeffry Hernández Barquero

COLBS Estudio Legal