¿Es la Ley de Alivio Fiscal ante el COVID-19 realmente un respiro para el sector comercial?

Con la llegada a Costa Rica del COVID-19 y la declaratoria de emergencia nacional fijada por el Poder Ejecutivo el día 16 de marzo de 2020, se han implementado diversas medidas para mitigar los efectos socioeconómicos negativos de esta pandemia. Una de estas acciones fue aprobación de la Ley de Alivio Fiscal ante el COVID-19 (en adelante la “Ley”) y su respectivo reglamento.

La Ley otorga una moratoria, durante los meses de abril, mayo y junio de 2020, en el pago de los siguientes tributos: (i) impuesto de renta, (ii) impuesto al valor agregado (“IVA”), (iii) impuesto selectivo de consumo y (iv) aranceles de aduanas por parte de importadores que se encuentren inscritos como contribuyentes en el Registro Único Tributario de la Dirección General de Tributación. Por lo tanto, el contribuyente tiene la posibilidad de no pagar el monto correspondiente al impuesto en dichos meses y cancelarlo sin ningún tipo de multa o interés, en cualquier momento antes del 31 de diciembre del 2020, salvo que cuente con un arreglo de pago. Asimismo, es importante recalcar que la moratoria no exime a los sujetos obligados de presentar su declaración en el mes correspondiente.

Adicionalmente, el pasado 23 de abril de 2020 se publicó en el diario oficial La Gaceta, la resolución que establece el procedimiento para que los contribuyentes puedan solicitar facilidades de pago durante el período de moratoria introducido por la Ley. Únicamente podrán optar por un arreglo de pago relacionado con los impuestos aplicables durante los períodos fiscales de marzo, abril y mayo del 2020, aquellos sujetos obligados que prevean no poder cancelar la totalidad de los tributos adeudados dentro del plazo de la moratoria, el cual vence el 31 de diciembre del 2020. Además, el requisito básico para dicho beneficio es que el contribuyente presente la respectiva solicitud a más tardar el 15 de octubre del presente año. No obstante, las facilidades de pago no serán otorgadas en los siguientes casos: (i) cuando las deudas tributarias no sumen más de medio salario base en su conjunto y/o (ii) cuando las deudas tributarias hayan sido objeto de denuncia penal por delitos tributarios.

Por otra parte, a pesar de que el objetivo de esta legislación es proteger el flujo de caja de los agentes económicos, su efecto positivo es parcial para muchos contribuyentes. Ni la Ley ni su respectivo reglamento toman en cuenta la realidad práctica enfrentada por un sinnúmero de comercios que venden la mayor parte de sus bienes y servicios a través de tarjetas de débito y crédito.  La Ley del IVA obliga a las empresas adquirentes, dedicadas a procesar dichos instrumentos de pago, a actuar como agentes de retención, cuando acrediten o pongan a disposición de las personas físicas o jurídicas, las sumas correspondientes a los ingresos provenientes de las ventas de bienes y la prestación de servicios gravados.

La suma retenida puede llegar a ser hasta de 6% sobre el importe neto de venta pagado, acreditado o en cualquier otra forma puesto a disposición del comercio afiliado. Asimismo, esta retención se considera un pago a cuenta del impuesto sobre el valor agregado que en definitiva le corresponda pagar al contribuyente. Por consiguiente, la falta de regulación para estos supuestos genera un tratamiento tributario diferente para algunos vendedores de bienes y servicios, lo cual no tiene justificación legal.  Por su parte, las entidades financieras deben acatar lo dispuesto por la legislación vigente, debido a que ninguna norma ni disposición por parte de la Administración Tributaria, las autoriza a detener la retenciones. En definitiva, para estos casos se pasa por alto la moratoria aprobada por el Poder Legislativo.

A la fecha, la única alternativa que ofrece el Ministerio de Hacienda consiste en que el contribuyente solicite un estudio para modificar el factor de retención, el cual faculta al obligado a solicitar la variación del porcentaje del ingreso que le es retenido como pago a cuenta del IVA. El problema reside en que dicho proceso no es particularmente expedito, por lo que sus ventajas no son inmediatas para ese comerciante que busca sobrevivir a los efectos económicos adversos generados por la pandemia.

En virtud de lo anterior, aunque se logre reducir el factor de retención, los vendedores de bienes y servicios siguen viendo afectado considerablemente su flujo de caja, porque el beneficio de la moratoria no es tan significativo para sus bolsillos.  Finalmente, queda claro que el Poder Ejecutivo ha sido omiso a la hora de emitir el Decreto No. 42271-H-Reglamento Ley Alivio Fiscal Ante el COVID-19 y sus reformas.

Por: Antonio Bolaños y Sofía Bonilla, COLBS Estudio Legal

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