Registro de Beneficiarios

Si bien la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal (también referida a continuación como la “Ley”) se aprobó a finales del año 2016, algunas de sus principales disposiciones, comenzarán a surtir efectos en el primer trimestre del año 2019, por lo que resulta importante tomar en consideración los principales cambios que se introducen en el ordenamiento jurídico.

La Ley establece el deber de suministro de información de personas jurídicas y otras estructuras jurídicas; en específico, se estipula que el representante legal de las sociedades mercantiles (u otras figuras jurídicas) debe proporcionar al Banco Central de Costa Rica el registro o la indicación de los accionistas y beneficiarios finales que tengan una participación sustantiva en la entidad.

De conformidad con la Ley, beneficiario final o efectivo es la persona física que ejerce una influencia sustantiva o control, directo o indirecto, sobre la persona jurídica. El control directo se entiende si tiene al menos el 15% de las participaciones sociales (que incluye los derechos de voto de los accionistas o socios), tenga el derecho a designar o cesar a la mayor parte de los órganos de administración o supervisión, o que posea la condición de control de esa empresa en virtud de sus estatutos. Por otra parte, el indirecto consiste en controlar a las personas jurídicas que finalmente tienen participación en la persona jurídica costarricense.

Asimismo, la Ley determina que la información deberá ser actualizada anualmente, así como cada vez que alguna persona alcance el porcentaje de participación antes indicado.

El responsable de facilitar la información debe contar con un certificado válido de firma digital para personas físicas y, a su vez, debe registrarse en el Registro de Accionistas y Beneficiarios Finales que estará disponible en el sitio web del Banco Central de Costa Rica (www.centraldirecto.fi.cr) a partir de enero del 2019.

En COLBS Estudio Legal recomendamos preparar la información que estipula la ley y el reglamento aplicables, con el objetivo de evitar atrasos o, inclusive, incumplimientos que generen sanciones pecuniarias cuantiosas. La consecuencia por no suministrar la información es una multa equivalente al dos por ciento (2%) de la cifra de los ingresos brutos de la persona o estructura jurídicas, en el período del impuesto sobre las utilidades anterior a aquel en que se produjo la infracción, con un mínimo de tres salarios base y un máximo de cien salarios base de (¢1,338,600.00 a ¢44,620,000.00) que equivalen a ($2,176.59 y $72,552.85 respectivamente), de conformidad con el artículo 84 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

Otra consecuencia para aquellas personas jurídicas que no acaten las disposiciones mencionadas es que el Registro Nacional no podrá emitir certificaciones de personería jurídica o inscribir documentos a favor de los sujetos obligados que se encuentren incumpliendo. Un ejemplo de lo anterior sería el rechazo a la inscripción de un cambio en la junta directiva de una sociedad anónima.

Para el período 2019, la información deberá suministrarse según un orden determinado por el último dígito de la cédula jurídica de la sociedad. Para aquellas que terminen en 0 la fecha límite de reporte es el mes de marzo, mientras que las que terminen en 9 podrán hacerlo hasta en el mes de diciembre.

En caso de tener consultas o requerir apoyo con respecto a los alcances de la Ley, nos puede contactar al correo info@colbs.legal y con todo gusto le asistiremos